El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un protocolo de inspección por el cual la Policía Municipal verificará la adopción de medidas en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo de las obras de reforma, rehabilitación y acondicionamiento que se están desarrollando en edificios de viviendas de la ciudad, ante la situación de emergencia sanitaria. Este protocolo está abierto a modificaciones en función de una situación tan excepcional y cambiante y ante nuevas disposiciones de las autoridades competentes. Serán los agentes de la Policía Municipal los encargados de realizar estas inspecciones y actuarán con refuerzos tanto de oficio como ante llamadas de denuncia de los ciudadanos que hayan observado incumplimientos en las obras de algún edificio. Los agentes solicitarán la presencia de la persona responsable de la obra por la empresa contratista y de los recursos preventivos. Comprobarán, además que la documentación está completa y en regla. Se realizará una comprobación detallada del cumplimiento de las medidas de prevención y protección de los trabajadores ante el COVID-19:
  • Garantizar la distancia de seguridad de un metro entre trabajadores.
  • Garantizar que no se produzcan aglomeraciones o agrupaciones de los trabajadores que supongan un contacto entre los mismos tanto en la obra como en todas las dependencias e instalaciones de la misma.
  • Comprobar la existencia de Equipos de Protección Individual (EPI), mascarillas, guantes, gafas de protección y ropa de trabajo, para todos los trabajadores y la correcta provisión de los mismos.
  • Comprobar que existen protocolos de protección para el personal de la obra, así como controles de medición de la temperatura a la entrada de la misma.
  • Comprobar que cuentan con instalaciones de higiene para poder lavarse las manos, que es la medida principal de prevención y control de la infección, así como asegurar la limpieza y desinfección de dichas instalaciones.
  • Se informará al contratista, al jefe de obra y, en su caso, a los recursos preventivos del derecho que asiste a los trabajadores previsto en el artículo 21.2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo si consideran que dicha actividad entraña un riesgo grave para su vida o su salud.
  • Se solicitará al contratista el Plan de Seguridad y Salud de la obra o la evaluación de riesgos oportuna. Éste debe recoger los cambios organizativos y de cualquier otra índole adoptados como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. Pueden estar en un anexo al propio Plan de Seguridad y Salud o en un documento propio de evaluación de riesgos.
  • Se solicitará el Libro de Incidencias para comprobar que existe el acta en la que se indica que se ha realizado una reunión de coordinación de actividades preventivas con participación de los trabajadores o los titulares de contratas o subcontratas responsables, en la que se haya informado de la emergencia sanitaria a raíz de COVID-19 y de las medidas de seguridad específica en la obra y en su entorno, tales como las zonas comunes de los edificios donde se localiza el centro de trabajo.
  • Comprobar que el cerramiento y balizamiento de la obra se ajusta a la normativa municipal vigente de ocupación de vías públicas y no supone un riesgo para terceros.

Si se observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, los inspectores lo advertirán al contratista, quien deberá dejar constancia de ello en el libro de incidencias y deberá comunicarse en ese momento con el coordinador de Seguridad y Salud de la obra para que disponga la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La paralización de la obra se comunicará al Ayuntamiento.